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BISHKEK, Kirguizistán, 29 de mayo de 2026
Tras recibir información sobre riesgos de sanciones de socios occidentales, el Ministerio de Justicia de la República Kirguisa suspende a 50 entidades jurídicas en la primera aplicación del derecho interinstitucional para reprimir la actividad económica extranjera maliciosa
BISHKEK, Kirguizistán, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ — El Ministerio de Justicia de la República Kirguisa ha suspendido las actividades de 50 entidades jurídicas después de que la información proporcionada por socios occidentales y revisada por organismos estatales kirguises indicara que las empresas podrían haber estado involucradas en transacciones y operaciones económicas extranjeras que conllevan elevados riesgos relacionados con las sanciones.
Tras recibir esta información, el Ministerio de Economía y Comercio, junto con otros organismos estatales autorizados, llevó a cabo una revisión en el marco del mecanismo interinstitucional de cooperación para identificar a los participantes de mala fe en actividades y transacciones económicas exteriores con mayor riesgo de sanciones. Con base en las conclusiones y la información proporcionada por los organismos competentes, el Ministerio de Justicia emitió una orden para suspender las actividades de 50 personas jurídicas.
Esta es la primera medida de este tipo adoptada por la República Kirguisa en el marco del nuevo procedimiento interinstitucional.
«La decisión relativa a estas 50 entidades jurídicas es una medida preventiva destinada a demostrar que nuestra jurisdicción no debe utilizarse para actividades económicas extranjeras de mala fe ni para eludir las restricciones», declaró Ayaz Batyrkulovich Baetov, Ministro de Justicia de la República Kirguisa. «Tomamos muy en serio la información recibida de nuestros socios occidentales sobre los posibles riesgos que las sanciones representan para la economía nacional, y la República Kirguisa actuará dentro del marco de su legislación nacional para cumplir con sus obligaciones internacionales».
El ministerio subraya que la medida es de carácter preventivo y normativo. Su objetivo es fortalecer los mecanismos de control, reducir la exposición a sanciones secundarias y garantizar que las entidades jurídicas registradas en la República Kirguisa desarrollen sus actividades de conformidad con la legislación nacional.
La orden se emitió tras un análisis interinstitucional de la información disponible sobre la actividad económica exterior, las cadenas de pago, las contrapartes, las rutas comerciales y otros indicadores asociados a un mayor riesgo de sanciones. El Ministerio de Justicia actuó dentro de sus competencias legales y de conformidad con el procedimiento establecido para la suspensión o la terminación de las actividades de las personas jurídicas cuando se identifican motivos pertinentes.
En esta etapa, el ministerio no divulga los nombres, las estructuras de propiedad ni los sectores de las empresas afectadas, de conformidad con los requisitos legales y procesales aplicables. Se emprenderán acciones adicionales a través de los cauces legales correspondientes.
La República Kirguisa sostiene que no apoya ni facilita la elusión de las restricciones internacionales por parte de ningún actor. Los organismos estatales siguen reforzando los mecanismos de cooperación, supervisión y cumplimiento para prevenir el uso indebido del registro, la infraestructura bancaria, las rutas logísticas y la documentación comercial kirguisas en transacciones de alto riesgo. El gobierno permanece abierto a un diálogo constructivo con sus socios occidentales y continuará proporcionando información pertinente a través de los canales diplomáticos e institucionales establecidos.
El ministerio insta a todas las personas jurídicas, instituciones financieras, exportadores, importadores, operadores logísticos y demás participantes en actividades económicas exteriores a realizar una debida diligencia reforzada sobre contrapartes, mercancías, vías de pago y usuarios finales. Se exhorta a las empresas a cumplir con la legislación kirguisa, observar los requisitos reglamentarios aplicables y evitar cualquier transacción que pueda exponer a la República Kirguisa a riesgos.
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